Empleo en Estados Unidos

Salt Lake City. El acuerdo entre una minera de Utah y el sindicato nacional de obreros de esa industria dejó sin compensación económica a empleados hispanos indocumentados que fueron despedidos hace dos años cuando trataron de organizar su sindicato. La disputa entre Co-op Mine, de C.W. Mining Co, cerca de la localidad de Huntington, Utah, y el sindicato de Trabajadores Mineros Unidos de Estados Unidos (UMWA, en inglés) comenzó en septiembre del 2003 cuando un grupo de mineros se quejó de los bajos salarios y de las pobres condiciones de trabajo en Co-op Mine. En diciembre del 2004, la UMWA convocó a una votación entre los mineros de Co-op Mine para decidir si se unían o no al sindicato. Pero poco antes de realizarse los comicios, los dirigentes de Co-op Mine despidieron a 34 trabajadores latinos, porque -argumentaron- ninguno de ellos había podido demostrar que estaba legalmente dentro del país. Desde entonces comenzaron una serie de negociaciones, de las que participaron tanto el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, en inglés) como representantes de la Iglesia Católica de Salt Lake City. Por el acuerdo firmado el pasado viernes 12 de mayo, la UMWA deja de lado todo intento de que los obreros de Co-op Mine formen parte del sindicato. Por su parte, Co-op Mine retira la demanda por difamación que había entablado contra la UMWA. Además, Co-op Mine aceptó pagar los salarios no percibidos a los obreros despedidos en diciembre del 2004 "siempre y cuando tengan prueba clara y establecida de que son ciudadanos de Estados Unidos". De esta manera, los trabajadores latinos despedidos una semana antes de las elecciones sindicales de diciembre del 2004 no recibirán compensación alguna porque, según Carl Kingston, el abogado de la empresa minera, "ellos no tenían en ese momento permisos válidos de trabajo en este país". Si no se hubiese llegado al acuerdo, el martes 16 de mayo un juez federal hubiese decidido el destino de esos empleados, ya que el NLRB había dictaminado que los despidos habían sido ilegales y que, por eso, los obreros latinos tenían el derecho de votar en los comicios sindicales, sin importar la situación migratoria de los votantes. El abogado Kingston comentó, en declaraciones a la prensa local, que el conflicto debe entenderse como "el empleador defendiendo sus derechos de determinar quién trabaja en esa empresa". "Obviamente, si algunos de los mineros no tenían el derecho legal a trabajar (en Estados Unidos), la compañía no puede ser penalizada por no permitir que esos mineros siguiesen trabajando", dijo Kingston. Bob Butero, director regional de la UMWA, lamentó que no se hubiese conseguido una compensación financiera apropiada para los mineros hispanos despedidos, aunque dijo que el conflicto generó tanta atención por parte del público y de ciertas agencias federales que "C.W. Mining ya no podrá explotar a los trabajadores extranjeros". Bill Estrada, quien organizó la primera protesta en septiembre del 2003, dijo que "ningún minero debe recibir 5,50 dólares por hora por trabajar en esas condiciones". Estrada fue inmediatamente despedido después de la primera protesta, lo que ocasionó la movilización de otros 75 obreros que lo respaldaban. Según Estrada, durante el tiempo que duró el conflicto, más de 100 mineros latinos fueron despedidos. Estrada reconoció que algunos de ellos eran indocumentados, pero dijo que "trabajaban allí desde hacía años" y que "a la empresa no le importó verificar el número de seguro social de estos obreros sino hasta pocos días antes de las elecciones sindicales". EFE